El Gobierno nacional a plena luz del día intenta negociar el silencio de Odebrecht

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunió ayer con los abogados de la firma brasileña Odebrecht, protagonista del escándalo de corrupción más grande en la historia de América Latina,  con el objetivo de «alcanzar un acuerdo que permita recabar información» sobre el supuesto pago de 35 millones de dólares en calidad de coimas que la empresa reconoció haber pagado en el país. La noticia está en los titulares de los principales diarios del país. Nade del Gobierno se sonroja.

Un acuerdo con fines oscuros

En ese marco, el acuerdo que pretende el Gobierno podría estar, sin embargo, viciado de ilegalidad.

Según se supo, la constructora exige a cambio de brindar información, inmunidad para los implicados y garantía de continuidad de sus negocios en el país. Sin embargo, y cualquier promesa o atisbo de negociación por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo garantizando esos términos, incurriría en una ilegalidad.

Una fuente del Poder Judicial señaló al sitio La Política Online, que “no hay ninguna ley que habilite al Gobierno a hacer un acuerdo de reducción de penas o de inmunidad. El Ejecutivo no puede arrogarse funciones judiciales”.

La única norma legal que podría utilizarse en este caso es la Ley del Arrepentido (27.304). Sin embargo, la misma contempla que el beneficio sólo puede ser otorgado por el juez y el fiscal de la causa, no por el Poder Ejecutivo. Otro límite consiste en que el perdón máximo de pena es la prevista para el delito en grado de tentativa, que en el caso de asociación ilícita es de cinco años. Ni aún con este mecanismo, se podría evitar que los “delatores” terminen presos.

En este marco, todo indica que el interés central del Gobierno estaría puesto en acceder a la información para utilizarla políticamente.

Precisamente, el oficialismo dejó entrever que Gils Carbó habría entorpecido el avance de cualquier acuerdo con su par de Brasil, para utilizar la información disponible en función de atacar a funcionarios y empresarios ligados a Cambiemos.

En ese marco se inscriben las acusaciones contra el actual secretario de Inteligencia, Gustavo Arribas, hechas por parte del brasilero Leonardo Meirelles. Este funcionario afirma haber hecho transferencias al actual titular de la AFI, por más de U$ 850.000. El mismo presidente Macri ha defendido en más de una ocasión a éste funcionario, ante las acusaciones.

  • Sobre los datos que requerirán a Odebrecht, la titular de la Oficina Anti (o PRO?) corrupción, Laura Alonso muy sospechada de parcialidad , señaló que serán detalles sobre cuentas bancarias y transferencias para aportar a la investigación judicial..

Lo primero es la familia

El propio Mauricio Macri está seriamente comprometido en la alianza Calcaterra-De Vido para la realización de la multimillonaria obra del soterramiento de la línea Sarmiento de trenes porteños, con presupuesto estimado en 3 mil millones de dólares, que realizará Odebrecht.

El Consorcio Nuevo Sarmiento, encargado de llevar adelante las obras que costarán más de 3.000 millones de dólares, está compuesto por distintas empresas contratistas entre las que se encuentra la sociedad IECSA de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente. Además completan el consorcio la firma española Comsa, la italiana Ghella y la constructora brasileña Odebretch, implicada de lleno en los escándalos de corrupción de la operación Lava-Jato en el país vecino.

Calcaterra le compró las acciones de IECSA a su tío Franco Macri en el año 2007, y durante los gobiernos kirchneristas de la última década la empresa se convirtió en una de las mayores proveedoras de obra pública del país, ubicándose por detrás de Techint y Electroingeniería y facturando entre 300 y 400 millones de dólares por año.

Ante la presión de la oposición y algunos medios de comunicación y para «salvar las formas» , Calcaterra se desprendió de Iecsa y sus continuadores tienen en el staff a Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía y muy beneficiado en sus negocios desde el 10 de diciembre de 2015. Desde el Congreso de la Nación, y siempre en off, muchos legisladores, incluyendo alguno oficialista, sostienen que Mindlin es «una de las caras que se puede mostrar de los negocios de Mauricio Macri». Aunque no se lo vea, Mauricio, siempre está.

Caso Arribas

El senador de Proyecto Sur Fernando Pino Solanas se presentó ayer ante la Cámara de Casación Penal y solicitó que se investigue una serie de hechos vinculados con el caso de coimas en el que está acusado jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Solanas solicitó «que se investigue a la empresa Orion Brasil Construcciones, que le compró el departamento a Arribas».

Arribas recibió 850 mil dólares de coima según declaró el arrepentido Meirelles, persona encargada de pagar los sobornos y coimas a los funcionarios y empresarios que contrataban con Odebrecht.

 

-ARN-

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