Los recortes en Incluir Salud dejan a los discapacitados en situación crítica

Alrededor de 6 mil personas en Santa Fe están inscriptas en el programa nacional “Incluir Salud”. La quita de subsidios y la falta de pago a los transportistas repercute en los pacientes y sus familiares. También están en problemas los hogares, centros de día e instituciones terapéuticas

Los ajustes del gobierno nacional afectan a varios sectores, pero en especial a los más vulnerables. Uno de ellos es el de los discapacitados. Los recortes repercuten directamente en el programa Incluir Salud (obra social del Estado), cuyos profesionales, escuelas especiales, centros de día o de educación terapéutica, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo, inclusión escolar y residencias quedaron al borde del colapso.

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la Vicepresidencia de la Nación, que brinda servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC). El programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todos los usuarios, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

En Santa Fe, hay alrededor de 6 mil personas en el programa. Los recortes de Nación afectan directamente los servicios de traslado que brindan transportistas a las instituciones del sector. En Rosario son 350 las licencias que habilitan a estos prestadores. El presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego, explicó a al matutino El Ciudadano que el sector sufre retrasos en el pago que los ponen al borde de la inactividad. “Nos prometieron una partida presupuestaria para la segunda quincena de septiembre, pero dada la experiencia con el gobierno nacional no estamos en condiciones de creerles”, dijo. “Además, nos siguen recortando. En mayo nos hicieron una quita del 40 por ciento del monto en las prestaciones ya brindadas, que aún ni cobramos. Empujan a la quiebra al transportista y perjudican a las personas con discapacidad. En vez de decir que no existe más la prestación, hacen que seamos nosotros los que tengamos que explicar al paciente que no podemos llevarlo más”, se quejó.

Bolego aclaró que las dificultades trascienden a su actividad: el gobierno nacional, explicó, debe pagos por servicios prestados desde diciembre del año pasado a la mayoría de los prestadores. “Adeuda el 20 por ciento de agosto, septiembre y octubre de 2017, y se opone a otorgar aumento en los aranceles que permitan acompañar con la escalada inflacionaria del último año. Tienen que revisar la situación porque todo aumenta. El combustible, por ejemplo, y las tarifas de servicios públicos en permanente alza que soportan las instituciones”.

 

Fuente: El Ciudadano