Por el accionar de Abad, AFIP fue demandada por perjudicar el patrimonio de Oil Combustibles

La Sindicatura de la quiebra avaló presentación de abogados que afirman que organismo recaudador causó daño deliberado en los activos de la petrolera y perjudicó a los otros acreedores. Podría perder derechos al cobro de las deudas y debería resarcir por haber actuado «dolosamente». Caso único.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quedó a un paso de ser responsabilizada -en la Justicia comercial- de haber sido la causante de la quiebra de la petrolera Oil Combustibles. En un hecho inédito, los abogados de la sindicatura -que actuaron en todo el proceso de concurso de acreedores a nombre del juzgado- adhirieron el viernes último a un planteo denominado “acción de responsabilidad concursal” contra el organismo recaudador, y anunciaron que encabezarán ellos mismos su propia demanda contra la AFIP.

 

El argumento central para este proceso, que nunca antes se había llevado adelante en tribunales locales, es que fue el organismo presidido por Alberto Abad el que adoptó resoluciones o tomó acciones que dañaron a la compañía, forzando a disminuir su patrimonio (en este caso llegando hasta la quiebra y al remate de sus activos, pese a que había instancias previas para su salvataje), lo que perjudicó al resto de los acreedores. Esta decisión va en sintonía con lo declarado por el abogado de la sindicatura en la última audiencia del juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 3 contra Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián De Sousa, que afirmó bajo juramento que todo el proceso que comenzó en 2016 fue “anómalo”.

El enmarañado proceso continuará ante el juzgado Comercial N° 5, que recibió a principios de octubre una demanda contra la AFIP por parte de los abogados de una de las compañías controlantes de la petrolera, Inversora M&S. Pese a haber tenido contrapuntos, ahora es la sindicatura la que validó esa presentación y apunta a entablar su propio litigio contra el organismo recaudador. La demanda original pedía a la Justicia comercial que se condene a la AFIP a “indemnizar” los daños que su conducta terminó causando en los acreedores por la “disminución” de los activos de Oil y abre la posibilidad que la AFIP “pierda todos sus derechos” frente a la quiebra. Es decir que podría ser excluida de la distribución de los bienes para saldar las deudas “por haber participado dolosamente -con intención expresa de hacerlo- en actos tendientes a la disminución del activo” de la empresa, tanto antes como después de declarada la quiebra.

 

En términos llanos, sería una suerte de acreedor cuya actitud hostil en todo el proceso terminó por generar que la empresa perdiera su valor (mediante actos administrativos que han sido aportados como prueba) para llevar a la petrolera no solo a no poder pagar sus deudas, sino a tener que rematar sus activos por un precio inferior al de mercado, perjudicando a todo el resto de los acreedores que sin ese accionar podrían haber cobrado, o bien más rápido, o bien más cantidad.

La demanda de Inversora incluyó, además, la aclaración de que deberá ser el Estado para salvaguardar el crédito fiscal el que deberá accionar directamente contra los funcionarios de AFIP de la era Cambiemos por el “abuso de poder” que generó ese sabotaje a cualquier gestión para que las deudas sean recuperadas por el fisco.

En la lista de irregularidades, los demandantes enlistaron no solo informaciones periodísticas que habrían servido para disparar denuncias penales, embargos, y el dictado de las resoluciones generales que Ámbito Financiero reveló que fueron redactadas por Abad y que tenían como destinatario ir acorralando a Oil hasta el punto de dictar su quiebra. También relataron cuál fue el comportamiento de la AFIP una vez que ingresó en el concurso, ya bajo supervisión del juzgado, lo que generó trabas al giro ordinario de los negocios lo que, lógicamente, aceleró todo un proceso de crisis económica y pérdida de valor.

En la doctrina comercial siempre se destaca la necesidad de resolver este tipo de litigios con la empresa en funcionamiento y con una división taxativa entre la eventual responsabilidad penal o civil de los empresarios y la continuidad de la empresa. En este caso, invocaron la oposición de AFIP tanto para que pudiera mantenerse la actividad como también la negativa a que compañías inversoras extranjeras -Trafigura y Gunvor- participaran de alguna instancia del salvataje o de la compra de activos.

Pedido por la querella de AFIP en el juicio, el abogado de la sindicatura Javier Llorente pareció satisfacer las preguntas de los letrados respecto de cómo evaluaba los pedidos de planes de financiación impositiva de Oil y cómo había sido el esquema de préstamos intercompanies sobre el que gira el principal interés de los acusadores en el juicio. Pero el representante de los síndicos, ante preguntas de las defensas y frente al TOF 3, sorprendió afirmando que la petrolera “no tenía deuda fiscal” al momento de tomar intervención en el caso y que “a marzo 2016, los planes se encontraban vigentes y la deuda no estaba en mora”. “La AFIP fue quien profundizó el desequilibrio de Oil”, afirmó el testigo. “¿Entiende que la AFIP se ha comportado como un acreedor hostil?”, preguntó uno de los defensores. “Sí…”, fue la respuesta del abogado de la sindicatura, “siempre es áspera. En este caso fue muy áspera”, subrayó. Y volvió a aclarar que cuando tomaron intervención en el concurso, “se averiguó si había pasivo fiscal y no había”.

(Ámbito.com)